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Biden extendió el decreto de emergencia que declara a Nicaragua como una amenaza a la seguridad

La decisión de Washington radica en la respuesta violenta a las protestas que comenzaron en abril de 2018, al continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y el estado de derecho, el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles.


El presidente estadounidense Joe Biden prolongó el decreto de emergencia nacional sobre la situación en Nicaragua porque estima que representa “una amenaza inusual” a la seguridad de Estados Unidos, en una carta enviada este jueves al Congreso.


La situación en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señala Biden.


El presidente cita “la respuesta violenta” a las protestas que comenzaron en abril de 2018, “el continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y el estado de derecho”, el “uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles” y la corrupción “que conduce a la desestabilización de la economía”.


Por este motivo Biden decidió que la emergencia nacional declarada en 2018 con respecto a la situación en Nicaragua debe seguir en vigor más allá del próximo 27 de noviembre.

Más de 200 opositores están presos en Nicaragua desde las manifestaciones de 2018, que la dictadura de Ortega vinculó con un supuesto golpe de Estado fallido promovido por Washington.


La relación entre Estados Unidos y Ortega, un ex guerrillero en el poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional y que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.


Washington ha sancionado a decenas de funcionarios y personas del entorno de Ortega e incluso a la industria aurífera de Nicaragua, por ser una “pieza importante” que financia al régimen.


Ortega estima por su parte que las sanciones que Washington ha impuesto a su país han provocado “oleadas de inmigrantes” hacia Estados Unidos.


A principios del mes de octubre, el principal encargado del Departamento de Estado de EEUU para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo que su país sigue indignado por el “desprecio” a los Derechos Humanos por parte del régimen de Daniel Ortega.


Seguimos indignados por el desprecio del régimen de Ortega a los derechos de su pueblo”, afirmó el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un mensaje enviado a los periodistas por la oficina de prensa de la Embajada de EEUU en Nicaragua.


Nichols destacó que en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Lima, el gobierno estadounidense “se unió a una abrumadora mayoría de miembros en una resolución que condena los continuos abusos de los Derechos Humanos en Nicaragua”.


Para ese entonces, la OEA pidió a la dictadura de Ortega que “cese toda acción violenta” contra la población de su país y que “restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho” en su territorio.


Esos términos fueron comprendidos en una “Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, que fue aprobada por aclamación antes del cierre de la LII Asamblea General de la OEA, celebrada en Perú.


La resolución también reclamó que se “ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo” contra periodistas, especialmente mujeres, “y contra los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales”.


Exigió, además, al régimen de Ortega que “garantice la integridad física, mental y moral, la libertad y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”, y que libere “inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

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