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Cómo (y por qué) una comuna indígena mexicana detuvo proyecto eólico de una transnacional francesa

La Central "Gunaa Sicarú" pretende instalarse en La Ventosa, un territorio que involucra a los municipios de Juchitán de Zaragoza y de Unión Hidalgo.


Imagen ilustrativa

La acción comunal de una agrupación de pueblos indígenas de México logró la suspensión del proyecto eólico Gunaa Sicarú, perteneciente a la empresa Energies Nouvelles Group, Energía de Francia (EDF), una sentencia que miembros de la comunidad han calificado como histórica.


La disputa comenzó en 2020, cuando la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio interpuso un amparo contra la mencionada empresa francesa, debido a que los comuneros no habían dado su autorización para la construcción de la central eólica en el territorio de La Ventosa, que según medios locales, involucra a los municipios de Juchitán de Zaragoza y de Unión Hidalgo, donde buscan instalar 115 aerogeneradores de 2.625 megavatios (MV) cada uno, para producir más de 301.000 MW.


Así, el pasado 6 de septiembre, un tribunal colegiado de Oaxaca otorgó "la suspensión de plano" del proyecto a la Comunidad Agraria de Juchitán de Zaragoza y sus cinco pueblos anexos: Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventos, una sentencia que reconoce a los pueblos indígenas el interés legítimo que les corresponde para defender las tierras ancestrales, unas 70.000 hectáreas del Istmo de Tehuantepec.


El proyecto eólico de EDF surgió durante la segunda subasta eléctrica de largo plazo que realizó la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, en octubre de 2016, cuando la empresa ganó el concurso por la generación de 342 MV a través de certificados de energía limpia, así com contratos de suministro y compra con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).


En conferencia de prensa, Bettina Cruz, integrante de la Asamblea indígena, calificó la decisión del tribunal como un "triunfo histórico" ante las empresas locales y foráneas que incrementaron los proyectos de "energía verde" sobre la zona, luego que México firmara el Protocolo de Kyoto a finales de los 90.


Desde entonces, las compañías energéticas se han instalado en el Istmo de Tehuantepec con decenas de parques eólicos, que según la Asamblea de pueblos del Istmo son todos ilegales, pues ninguno ha obtenido la autorización previa de la autoridad agraria correspondiente, según lo establecido en la legislación local.

Orden al "descabezamiento" de la autoridad agraria

El abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena, Carlos González, dijo en esa conferencia que el fallo es histórico porque pone orden al "descabezamiento" que se perpetró contra la autoridad agraria desde 1970, cuando se dejó al territorio sin representantes y a la comunidad desprovista para defender sus bienes.


"Esta es la primera vez en años que se logra un triunfo en la defensa de la tierra comunal ancestral", resaltó González sobre la decisión que, de momento, pone freno al avance que han ejecutado las transnacionales eólicas durante décadas.


Según medios locales, a principios de 2020 la Comunidad Zapoteca de Unión Hidalgo ganó un amparo en el que se ordenaba realizar una consulta libre e informada, bajo la supervisión de la autoridad judicial federal. Sin embargo, en el caso de Juchitán, es la primera vez que la justicia detiene por sí misma la ejecución de un proyecto de ese tipo.


Bettina Cruz, por su parte, resaltó que la lucha del Istmo de Tehuantepec se remonta al año 1994, cuando comenzó una "carrera" por la ocupación del territorio donde ahora coexisten 29 parques eólicos y 3.132 aerogeneradores que producen más de 3.000 megavatios de energía eléctrica por hora.

Ocupación sistemática del territorio

Cruz sostiene que la "ocupación" de las empresas eólicas en el Istmo ha sido sistemática y de forma irregular. "Las empresas llegaron, engañaron a la gente, aprovechando la pobreza, y empezaron a ocupar los territorios, a pesar de que eran de origen ejidal o comunal y las asambleas tenían que autorizar el cambio de uso de suelo".


La vocera recordó que tan solo en Juchitán "hay más de 15 parques eólicos y ninguno de ellos tiene permiso comunal", como lo establece la ley, que detalla que para poder dar uso privado a terrenos de tenencia comunal, se debe contar con la aprobación de las autoridades agrarias de los territorios.


Además, la Asamblea indígena emitió un comunicado en el que resalta la "suspensión de plano" como "un logro importante para los pueblos indígenas del país" y "ratifica que han existido violaciones a los derechos" por parte de las autoridades como las Secretarías de Energía (Sener), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).


El abogado de la agrupación resaltó que previamente habían solicitado otros amparos que fueron negados por el Juzgado 6 y 7 de Distrito de Salina Cruz, razón por la que decidieron acudir al tribunal colegiado.


Esta sentencia, agrega González, "les da la capacidad para defender a la comunidad en su conjunto y les reconoce un interés legítimo como comuneros para defender la totalidad de las tierras contra un parque eólico en Unión Hidalgo y La Ventosa".

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