Pese a que el Pentágono se había opuesto a la medida, un funcionario norteamericano confirmó que el presidente Joe Biden envió esa orden a su gobierno.
Joe Biden ordenó a su gobierno comenzar a compartir pruebas de presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania con la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, según informó este miércoles un funcionario norteamericano.
El Pentágono se había opuesto a la medida y argumentó en privado que cualquier cooperación con el tribunal podría abrir la vía a un enjuiciamiento politizado de las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero.
La CPI, un tribunal permanente para crímenes de guerra, emitió en marzo una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños ucranianos, lo que constituye un crimen de guerra.
La Casa Blanca, no obstante, se negó a discutir los detalles de cualquier cooperación con la CPI. “Desde el comienzo del ataque de Rusia a Ucrania, el presidente ha sido claro: tiene que haber rendición de cuentas para los autores y facilitadores de crímenes de guerra y de las atrocidades en Ucrania”, dijo un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad.
“Sobre la CPI en concreto, no hablaremos de los detalles de ninguna cooperación, lo que es coherente con la práctica del tribunal de tratar las solicitudes de cooperación de manera confidencial”, añadió el portavoz.
También dijo que Estados Unidos había enviado previamente equipos de investigación y fiscales internacionales para ayudar a la Fiscalía General de Ucrania a preparar casos de crímenes de guerra.
Autoridades ucranianas y de occidente afirman que existen pruebas de asesinatos y ejecuciones, bombardeos de infraestructura civil, deportaciones forzosas, secuestros de niños, torturas, violencia sexual y detenciones ilegales.
Legisladores republicanos y demócratas han acusado al Pentágono de obstaculizar el enjuiciamiento de Rusia por crímenes de guerra al bloquear el intercambio de información de inteligencia militar estadounidense con la CPI.
Rusia, que no es miembro de la CPI y rechaza su jurisdicción, niega haber cometido atrocidades durante su conflicto con Ucrania. Estados Unidos tampoco es miembro de la corte.
Rusia ha emitido una orden de detención contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, que en marzo preparó una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra.
El éxito de un enjuiciamiento por crímenes de guerra exige un alto nivel de pruebas, en una situación en la que el acceso a los sospechosos y a los escenarios de los crímenes suele estar restringido y existe un conflicto de competencias entre los tribunales nacionales e internacionales.
Por su parte, este miércoles los países de la Unión Europea (UE) renovaron durante seis meses las sanciones a individuos y entidades rusos por la invasión de Ucrania, entre ellos al presidente Putin y al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Las medidas restrictivas también afectan, entre otros, al líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, a los responsables de las matanzas en las ciudades ucranianas de Bucha y Mariupol, a los responsables de la deportación de niños ucranianos a Rusia, a oligarcas y a diputados de la Duma (Parlamento).
Los estados miembros de la UE acordaron también este miércoles endurecer las sanciones contra Bielorrusia por ayudar a Moscú en su invasión de Ucrania, y por la represión de la oposición local, indicaron fuentes oficiales.