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El dilema que enfrenta América Latina a la hora de usar los activos del FMI

El uso de los Derechos Especiales de Giro desató una polémica en varios de los países de la región y su destino ha terminado convirtiéndose en una batalla política: ¿calmar a los mercados o paliar la crisis social?


Protesta contra el FMI en Buenos Aires, 6 de octubre de 2020

Una vez superados los efectos más devastadores de la pandemia del covid-19, los Gobiernos de América Latina y el Caribe —una de las regiones más afectadas debido a las medidas de restricción en medio de la contingencia sanitaria—, apuestan por consolidar la recuperación de sus economías.


La decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de inyectar liquidez a la economía mundial, a través de la emisión de 650.000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG) —un activo de reserva internacional creado en 1969 para complementar los activos de reserva de los países miembros—en agosto de este año, significó "una acción en respuesta a la crisis global".


En el caso de los países de América Latina y el Caribe miembros del Fondo, la asignación de los DEG fue por un equivalente a 50.300 millones de dólares. El uso de estos recursos desató una polémica en varios de los países de la región y su destino ha terminado convirtiéndose en una "batalla política".


En países como México, las autoridades monetarias, así como grupos de presión vinculados al sector financiero, insisten en que estos fondos no pueden ser utilizados por el Gobierno de López Obrador. "Son propiedad del banco central", aseguran, pues se trata de activos que "pasan a formar parte de las reservas internacionales".


En Argentina el debate ha girado en torno a la urgencia de orientar los recursos hacia las necesidades básicas de la población. En vez de fortalecer las reservas del banco central, o desembolsarlos para el pago de las deudas contraídas con el FMI y el Club de París, los DEG asignados a la nación suramericana debieran orientarse a "aliviar la crisis social", en lugar de "calmar a los mercados financieros", aseguran investigadores especializados en economía y finanzas internacionales.

"Ante la emergencia económica y sanitaria, la prioridad es la gente"

Uno de los países latinoamericanos más vulnerables cuando la pandemia del covid-19 hizo sentir sus primeros efectos sobre la economía mundial, fue Argentina. La Administración de Alberto Fernández impulsaba un programa de recuperación en los rubros del empleo y la inversión, cuando se impuso el confinamiento. En consecuencia, lo poco que se había logrado recuperar en materia macroeconómica durante los primeros meses de Gobierno se echó por la borda.


La asignación de DEG, de 4.334 millones de dólares, encendió el debate tanto dentro como fuera del Gobierno. Ante la profundización de la crisis económica, movimientos sociales y un grupo de legisladores de la coalición Frente de Todos solicitaron al Gobierno nacional utilizar los recursos en inversión social.


En lugar de usarlos para pagar la deuda contraída con el FMI y el Club de París, el grupo mayoritario de senadores del oficialismo —a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda—convocó al Gobierno de Alberto Fernández a dirigir los recursos hacia "los graves problemas de la sociedad" argentina, esto es, invertirlos en el sector salud, educación, vivienda, generación de empleos, etc.


En un momento en que la economía se venía a pique, los legisladores llamaron al Gobierno a no usar los activos del FMI para cancelar los vencimientos para este año con el organismo multilateral.


Jorge Marchini, catedrático de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte que el Gobierno debe tomar en cuenta que el país atraviesa por un "estado de necesidad", esto es, una situación de "crisis profunda" y que, por lo tanto, debe "salvaguardar los intereses superiores" de la vida social.

Hay dos visiones encontradas por el uso de los DEG: la que apuesta por el incremento de las reservas internacionales para aumentar la 'confianza' de los mercados internacionales; y la que busca fomentar la recuperación de la 'economía real' y atender necesidades sociales.

De tal forma que, asegura el también coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, a la hora de volver a negociar los términos de pago con el FMI o formular un nuevo plan de recuperación, "el Gobierno debe poner por delante las necesidades básicas de la población, antes que cumplir con las exigencias de los acreedores". "En medio de una emergencia económica y sanitaria, la prioridad es la gente", sentencia.


Marchini sostiene que en el Continente hay dos visiones encontradas por el uso de los DEG. Por una parte, la que apuesta por el incremento de las reservas internacionales y, en consecuencia, aumentar la 'confianza' de los mercados internacionales. Y, por otro lado, la que busca fomentar la recuperación de la denominada 'economía real' y atender necesidades sociales, por ejemplo, la compra de vacunas contra el covid-19.


"Lamentablemente la presión de los mercados internacionales sobre Argentina es tan grande que prevalece la visión de usar los DEG para pagar dos cuotas de amortización del crédito con el FMI que, de hecho, está muy cuestionado por la forma en que fue adquirido por el Gobierno anterior (de Mauricio Macri). A futuro, me parece, hay que volver a discutir sobre las condiciones financieras de América Latina, qué vamos a hacer para impulsar la recuperación de nuestras economías, incluso plantear una modificación de los organismos multilaterales".

"El dogmatismo se impuso en México"

Tan pronto se dio a conocer el monto de los DEG que sería asignado a México, equivalente a unos 12.117 millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso que fueran utilizados para pagar deuda con elevadas tasas de interés.


Desde el primer momento, sin embargo, el mandatario recibió críticas de la prensa especializada en temas financieros, que sostuvo que los activos del FMI no eran recursos a disposición del Gobierno, sino propiedad del banco central: el Banco de México.

Las autoridades monetarias de la nación norteamericana no se quedaron atrás, y cuestionaron las intenciones del mandatario. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, publicó un mensaje en Twitter a principios de agosto, explicando que los DEG, "al ser un activo de reserva internacional, no podían utilizarse pagar deuda, por mandato de ley".


La postura defendida por Esquivel y otras autoridades del Banco de México, no obstante, resulta "equivocada", de acuerdo con la perspectiva de Andrés Arauz, economista especializado en finanzas internacionales y quien se desempeñó como representante de Ecuador ante el Banco del Sur durante el Gobierno de Rafael Correa.


El también excandidato a la Presidencia puntualiza en entrevista con RT que las autoridades monetarias cuestionaron al presidente López Obrador partiendo de una "confusión" en la interpretación de la ley. Arauz explica que una cosa es el concepto de 'activos de reserva internacional' y, otra cosa es la 'propiedad' de los mismos.


"Por ejemplo, si Petróleos Mexicanos (Pemex) vende petróleo y a cambio recibe dólares y luego los deposita en el banco central (el Banco de México), estos dólares siguen siendo propiedad de la empresa petrolera. Sin embargo, como están depositados en el Banco de México, a su vez constituyen parte de las reservas internacionales. Lo mismo ocurre en el caso de los DEG".


Es que, en términos jurídicos, explica, los DEG pertenecen a los países miembros del FMI, de acuerdo con los artículos XV y XVII del Convenio constitutivo de este organismo multilateral. Y por ser un tratado internacional, el Convenio constitutivo del Fondo está por encima de cualquier legislación nacional, incluyendo la que rige a un banco central.

En medio de una de las crisis más graves de los últimos 100 años, persiste una gran resistencia de parte de las élites financieras para que los Gobiernos de la región latinoamericana usen los activos del FMI para aliviar la crisis social.

Arauz pone el acento en el hecho de que, toda vez que México es un miembro del Fondo, los DEG pertenecen a la Nación, no al banco central. De tal manera que, asegura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bien pudo haber hecho uso de los activos de reserva del Fondo.


El Gobierno de México, sin embargo, finalmente cedió a las presiones y terminó comprando 7.000 millones de dólares al Banco de México a mediados de septiembre, en lugar de echar mano de los activos que le fueron asignados por el FMI para pagar deuda con altas tasas de interés, o como estímulo fiscal.


"Lamentablemente las autoridades monetarias en México han interpretado de manera equivocada su ley para afirmar que los DEG pertenecen al banco central y, en consecuencia, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los quiere, pues entonces los tiene que comprar, cuando en realidad los DEG pertenecen al país y, por lo tanto, pueden ser utilizados en beneficio de su pueblo".


Para Arauz el caso de México no refleja sino la persistencia de una "visión dogmática" entre las autoridades de su banco central, una interpretación de la ley que, asegura, es "funcional al poder que ostenta el capital financiero internacional".


Las controversias tanto en México como Argentina cobran relevancia de cara a la posibilidad de nuevas emisiones de DEG por parte del FMI para apuntalar la recuperación de la economía global.


Sin embargo, en medio de una de las crisis más graves de los últimos 100 años, persiste una gran resistencia de parte de las élites financieras para que los Gobiernos de la región latinoamericana usen los activos del FMI para aliviar la crisis social.


Andrés Arauz concluye que, en el fondo, el debate en torno al uso de los DEG se trata de un asunto "político", pues el hecho de que los Gobiernos latinoamericanos echen mano de estos recursos, "incrementaría su poder de negociación" frente a los bancos de inversión, las agencias de calificación de riesgo y otras instituciones financieras.

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