La medida dictada por el juez Dana Sabraw prohíbe la práctica iniciada en la administración de Trump, desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2031.
A partir del viernes 8 de diciembre quedó prohibida en Estados Unidos la separación de familias migrantes en la frontera con México por un período de ocho años, lo que impide la reactivación de la llamada política de “tolerancia cero”, una política implementada bajo la administración del expresidente Donald Trump, que llevó a la desintegración de más de 5,000 niños de sus padres, según cifras oficiales publicadas por The Associated Press.
El dictamen jurídico se produce antes de la aprobación de un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y las familias perjudicadas, asistidas legalmente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El Juez Dana Sabraw quien dictaminó la prohibición, fue nombrado por el presidente George W. Bush, y ya había exigido el cese de las separaciones en 2018, acción que precedió a la suspensión de estas mismas por parte de Trump tras una ola de críticas internacionales. El juez se refirió en aquel año a la política de separación como “brutal, ofensiva y contraria a las nociones tradicionales de equidad y decencia”.
Adicionalmente, Sabraw ordenó la reunificación de los menores con sus padres en un plazo no mayor a 30 días, lo que desencadenó una intensa búsqueda puesto que las bases de datos del gobierno no estaban enlazadas y muchos niños se encontraban dispersos en albergues sin una clara indicación sobre cómo localizar a sus progenitores.
Según lo estipulado por el acuerdo, la política de “tolerancia cero” quedará prohibida hasta diciembre de 2031. No obstante, las separaciones podrían darse bajo ciertas circunstancias específicas, tal como ha sido la práctica en años anteriores, en situaciones de sospecha de abuso infantil o cuando un adulto sea condenado por delitos graves, entre otras.
Las familias afectadas serán potencialmente elegibles para recibir beneficios adicionales que incluyen estatus legal temporal, reunificación en Estados Unidos a expensas del gobierno, alojamiento por un año, tres años de terapia psicológica y asesoramiento legal en procesos migratorios. A pesar de ello, el acuerdo no contempla indemnizaciones monetarias. En 2021, la administración de Joe Biden consideró la posibilidad de otorgar compensación económica a las familias, aunque esas negociaciones no prosperaron.
Aunque el tema de la separación familiar fue un punto crítico durante la presidencia de Donald Trump, quien después detuvo dicha práctica, él mismo ha defendido su política en apariciones recientes y no ha confirmado si reincidiría en estas acciones en caso de ser reelegido en las elecciones de noviembre de 2024.
El Departamento de Seguridad Nacional, con Alejandro Mayorkas al frente, expresó que el acuerdo es reflejo del compromiso con el rechazo de políticas crueles e inhumanas y con los valores fundamentales de la nación. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, aseguró que el gobierno estadounidense y los voluntarios aún tienen que localizar a 68 niños que fueron separados de sus padres bajo la política de Trump, con el fin de determinar si están a salvo y reunidos con sus familiares o seres queridos.
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