Recientemente la administración de Donald Trump anunció una nueva medida para aquellos quienes han utilizado algún beneficio del gobierno, el cual tiene como objetivo principal que Solvencia Económica evite que un migrante legal nuevo se convierta en carga pública.
La medida fue anunciada este día, y entrará en vigor 60 días después de ser publicada en el Registro Federal, es decir, a mediados de octubre estará lista.
Quedan exento quienes…
Migrantes que el Congreso perdonaron de ser carga pública; refugiados u otras poblaciones vulnerables
Algunos beneficiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para individuos con Discapacidades (IDEA) o en un entorno escolar
Ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, han o vayan a tramitar beneficios públicos. “Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad”.
Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA)
Refugiados y asilados que sufren persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
Migrantes que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y reúnen los requisitos para obtener la residencia
Migrantes que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS)
Migrantes que piden la Visa U
Migrantes que piden la Visa T
Victimas de abuso doméstico bajo la ley VAWA
Migrantes que ajustan su estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004
¿En qué consiste?
La nueva medida causa que una persona que directamente ha obtenido ciertos beneficios públicos tales como Seguro Social Suplementario (SSI), Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), Estampillas de Comida (SNAP), Medicaid y ciertos programas de subsidios de vivienda sea inelegible para residencia permanente.
La regla tiene como requisito: “que los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus demuestren que no lo han hecho desde que obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios públicos”.
El término de carga pública se refiere a aquellos migrantes que reciben uno o más beneficios públicos designado por más de 12 meses, dentro de cualquier período de 36 meses. De igual manera puede causar que una persona que recibe los beneficios dentro de los primeros cinco años de haber obtenido la residencia permanente sea puesta en trámites de expulsión o deportación.
Si eres uno de los migrantes que califica para que sea aplicada la medida, se recomienda presentar sus trámites de residencia permanente antes de octubre 15, 2019 para evitar estar sujetos a la nueva disposición.