La presión crece sobre la Casa Blanca para que expulse al ex presidente brasileño, que está en Florida, después del asalto de sus seguidores a las sedes de los tres poderes en Brasil.
Un grupo de 46 congresistas demócratas pidieron este jueves al Gobierno del presidente Joe Biden que se revoque la visa diplomática o cualquier permiso que el exmandatario brasieño, Jair Bolsonaro, tenga para estar en suelo estadounidense.
En una carta, los legisladores también exigieron al Gobierno que se investigue cualquier acción que se haya podido tomar en Estados Unidos para ayudar o coordinar la irrupción a los edificios de las tres ramas del poder que tuvo lugar este fin de semana en Brasil por parte de seguidores del ex mandatario.
“No debemos permitir que Bolsonaro o cualquier otro ex funcionario brasileño obtenga refugio en EEUU para escapar de la justicia por crímenes que hayan podido cometer” en Brasil, escribieron los congresistas en la misiva.
Los legisladores aseguraron en su carta que el ex presidente Bolsonaro entró a EEUU con una visa A-1, que se concede a diplomáticos o funcionarios.
“Como ya no es el presidente de Brasil ni se desempeña actualmente como funcionario brasileño, le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, señalaron los congresistas.
El Gobierno estadounidense no se ha pronunciado aún sobre qué estatus legal mantiene Bolsonaro en Estados Unidos. No obstante, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló el pasado lunes que las personas que entran a EEUU con una visa A-1 tienen 30 días para salir del país si ya no forman parte de un gobierno.
“Si el poseedor de una visa A ya no se dedica a asuntos oficiales en nombre de ese gobierno, le corresponde a ese titular de la visa salir de EEUU o solicitar un cambio a otro estado migratorio dentro de 30 días”, dijo Price a los reporteros.
Bolsonaro se encuentra, presumiblemente, en el estado de Florida, a donde viajó el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato y de que le sucediera Luiz Inácio Lula da Silva.
Según publica la prensa, regresó el martes por la noche a la casa donde se hospeda en Orlando después de que, según fuentes familiares, estuviera hospitalizado por un dolor abdominal producto de las secuelas del atentado con arma blanca que sufrió en 2018.
Tras los ataques del domingo, unos 1.500 manifestantes bolsonaristas fueron arrestados por las autoridades brasileñas, después de que asaltaran las sedes de los tres poderes, con la intención de derrocar al progresista Lula da Silva, una semana después de que asumiera la jefatura de Estado en Brasil.
No existe un pedido de extradición
El senador Tim Kaine, también demócrata y jefe del comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo al portal Politico que si EEUU recibe un pedido de extradición, debe ser atendido.
“Creo que debemos ser receptivos si existe un procedimiento criminal legítimo y hay una petición de extradición”, dijo el legislador al portal de noticias. Por el momento, ni EEUU ni Brasil han confirmado que exista ya una solicitud de extradición, pese a que Bolsonaro tienes varias cuentas pendientes con la Justicia brasileña.
Si llegara a presentarse, aseguró a EFE el analista político y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington Michael Shifter, el Gobierno de Biden “debe tratarlo de manera muy seria”.
EEUU ha asegurado que está a la espera de cualquier petición de ayuda de las autoridades de Brasil en las investigaciones relativas al ataque del domingo.
Además de Bolsonaro, el ex ministro de Justicia Anderson Torres también está en territorio estadounidense. Sobre él pesa una orden de prisión por su presunta “omisión”, como responsable de la seguridad de Brasilia, en la intentona golpista perpetrada el domingo por miles de bolsonaristas radicales. Torres anunció el martes su regreso inminente a Brasil para ponerse a disposición de la Justicia, algo que todavía no ha hecho.
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