Chile impulsa un proyecto de cable submarino con China que pone en alerta a la región

El plan despertó dudas sobre la aplicación de la Ley de Ciberseguridad china y el posible acceso de servicios de inteligencia a datos regionales.

Chile avanza silenciosamente en un proyecto de infraestructura digital que podría tener implicaciones profundas para la soberanía de datos en América Latina. Se trata del llamado “Chile–China Express”, un cable submarino propuesto que conectaría las costas chilenas con Hong Kong. Aunque a simple vista podría parecer un emprendimiento técnico más en la expansión global de las telecomunicaciones, lo cierto es que este plan se diferencia por la opacidad con la que se lo ha manejado y por los riesgos que se desprenden de la legislación china en materia de seguridad cibernética e inteligencia. La discusión trasciende los límites de Chile, pues cualquier país que interconecte sus redes con ese tendido quedaría expuesto a las obligaciones que empresas chinas mantienen con el Estado de Pekín.

La pregunta de fondo es por qué Chile necesitaría otro cable transpacífico cuando ya se encuentra en marcha el Humboldt, un proyecto desarrollado por Google junto con la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa. El Humboldt, cuya traza conecta Valparaíso con Sídney pasando por Tahití, fue anunciado públicamente, con cronograma, inversión y socios claramente identificados.

En contraste, el Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” a cargo de Inchcape/ISS, con escasa información disponible sobre su financiamiento, consorcio y términos contractuales. La ausencia de convocatoria abierta y el bajo nivel de transparencia constituyen la primera señal de alarma.

El problema central es que no se trata de un cable cualquiera, sino de un proyecto que coloca a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica. Desde 2017, China cuenta con un marco legal que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia. La Ley de Ciberseguridad (CSL) establece requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica.

A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.

En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico enrutado por el Chile–China Express. La naturaleza transnacional de los cables convierte a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. Así como las decisiones de endeudamiento de Ecuador en la década pasada tuvieron consecuencias en toda la cuenca del Pacífico, pues influyeron en los flujos de petróleo hacia Asia–Pacífico, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos.

La confidencialidad como regla

La opacidad no es nueva en los acuerdos con China. Un estudio de AidData analizó más de un centenar de contratos de deuda con países de América Latina y África y concluyó que incluyen cláusulas de confidencialidad extraordinarias, restricciones de divulgación y garantías de pago por fuera de los mecanismos multilaterales como el Club de París.

A la dimensión jurídica se suma la dimensión de inteligencia. Informes de Safeguard Defenders han documentado la existencia de más de 50 “estaciones de policía” chinas en el extranjero, incluidas algunas en América Latina. Estas oficinas, presentadas como centros de servicios para ciudadanos chinos en el exterior, han sido denunciadas por operar como mecanismos de vigilancia y coerción sobre la diáspora, en ocasiones presionando a personas a regresar a China bajo amenazas. Varios gobiernos de Europa y América han abierto investigaciones. El cable submarino, en ese contexto, no puede analizarse de manera aislada: forma parte de un ecosistema de herramientas de control extraterritorial que combina infraestructura digital, presencia física y presión diplomática.

El discurso de las autoridades chinas suele presentarse en clave de beneficio económico inmediato. Inversiones en plantas industriales, promesas de generación de empleo y transferencia de tecnología acompañan a estos proyectos. Pero la experiencia chilena muestra que muchas de esas promesas se han quedado en el papel. En 2021, se anunciaron inversiones de la farmacéutica Sinovac en Antofagasta y Santiago, así como proyectos de BYD y Tsingshan para instalar plantas de baterías de litio. Años después, ninguno de esos planes se ha concretado plenamente; algunos han sido suspendidos, otros retirados. Reuters y El País han confirmado que al menos dos de esas iniciativas fueron canceladas o congeladas.

En contraste, los proyectos gestionados con empresas occidentales han mostrado mayor transparencia en su ejecución. El Humboldt de Google, con cronograma claro y participación de entidades estatales chilenas, ilustra una forma distinta de negociar, más cercana a los estándares internacionales de gobernanza. Esto no significa que los cables controlados por actores occidentales estén exentos de riesgos, pero sí que sus condiciones contractuales han sido más accesibles para el escrutinio público.