Una reciente investigación periodística mostró cómo criminales que fueron declarados inocentes en los tribunales locales, luego fueron extraditados y enviados a la cárcel en el país norteamericano.
Los narcos que en Ecuador no son condenados, cuando son requeridos por la justicia estadounidense sí son sentenciados. Una reciente investigación periodística, publicada por el medio ecuatoriano Primicias, reveló que una pareja de esposos capturada en España y extraditados a los Estados Unidos son procesados por las autoridades de ese país por cargos de narcotráfico. Lo mismo sucede con alias Gafas, que sigue prófugo, y con alias Lechuga, capturado recientemente en Colombia.
La tendencia de someter a procesos de extradición a individuos involucrados en el narcotráfico y de origen ecuatoriano hacia Estados Unidos está en aumento. Uno de los casos recientes es el de Carlos Meza, alias Lechuga, quien fue detenido en Colombia y espera su extradición para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York. Alias Lechuga formaba parte de una red delictiva que operaba lanchas rápidas en la región de Manabí. Sin embargo, la operación Poseidón en octubre de 2021 logró desmantelar esta organización criminal en Ecuador, resultado de 13 meses de colaboración entre la DEA y autoridades locales, explica el medio local.
El modus operandi de esta estructura implicaba el transporte de drogas desde las costas ecuatorianas, con paradas estratégicas en las Galápagos para abastecerse de combustible, antes de continuar el trayecto hacia Colombia, Centroamérica, México y finalmente, Estados Unidos. Entre los detenidos en este caso, 17 tenían licencias para navegar, según la Dirección de Espacios Acuáticos de la Armada del Ecuador (DIRNEA). A pesar de la colaboración entre autoridades estadounidenses y ecuatorianas, solo Estados Unidos avanzó con los procesos legales, mientras que, en Ecuador, los 18 acusados fueron absueltos de los cargos de narcotráfico, según los documentos consultados por Primicias.
En medio de esta situación, es notable que algunos implicados en el caso Poseidón, como Jhon Panta alias Gafas, estén vinculados con la organización criminal del cartel de Sinaloa. En este caso, Jhon Panta fue señalado como un pescador que manejaba una flota de barcos pesqueros en Manabí para el suministro ilícito de combustibles.
A pesar de estas conexiones, la justicia ecuatoriana ratificó la inocencia de los acusados, lo que contrasta con las extradiciones y sentencias emitidas por Estados Unidos para otros involucrados en el caso que fueron declarados culpables y que recibieron penas de encierro en las prisiones estadounidenses. La investigación que condujo a la detención de estas 18 personas en Manta duró más de un año y contó con la colaboración de las unidades antinarcóticos de Estados Unidos, desplegando aviones y buques para asegurar las capturas y recopilar pruebas.
A pesar de los esfuerzos de investigación y cooperación, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Manta sorprendieron con su decisión de absolver a los procesados después de un juicio de 22 días, incluso con evidencias y testimonios presentados, incluido el agente investigador estadounidense. Esto ha suscitado preocupaciones sobre la credibilidad de futuras colaboraciones internacionales en la lucha contra el crimen organizado por parte de Ecuador. Aunque los 18 acusados fueron liberados, otros dos implicados, la pareja de esposos compuesta por Pedro Pilligua y Carmen Alarcón, huyeron a España y allí fueron recapturados bajo nuevos cargos y extraditados a Estados Unidos para posteriormente ser condenados por tráfico de drogas en los tribunales de Norteamérica.
Entre los liberados en Manta, 14 individuos están siendo buscados por la justicia estadounidense, lo que indica que el caso aún no ha concluido. Estos individuos eran parte de una banda especializada en el transporte de grandes cantidades de cocaína, manteniendo vínculos con el cártel Sinaloa. La banda también tenía un papel en el suministro de combustible a las lanchas utilizadas en el transporte de drogas en alta mar. Aunque algunos tenían licencias para navegar, no habían cumplido los requisitos necesarios para obtener licencias de patrón costanero, lo que plantea interrogantes sobre cómo pudieron operar con autorizaciones de zarpe y licencias.
La investigación que condujo a la detención de 18 personas en Manta en octubre de 2021 abarcó más de un año y tres meses, contando con la colaboración de unidades antinarcóticos de Estados Unidos. Durante este periodo, explica el medio, se llevaron a cabo operativos conjuntos que involucraron el despliegue de aviones y buques para asegurar las capturas en alta mar y recopilar pruebas sustanciales. Esta investigación se destaca como uno de los esfuerzos más significativos en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador en los últimos años.
Una curiosidad para los investigadores es que, durante la audiencia preparatoria previa al juicio, en la cual se examinaron las pruebas y se confirmó el delito a juzgar, no se planteó objeción alguna en un inicio antes de llegar al juicio. El fallo del tribunal fue dictaminado el 16 de diciembre, y como consecuencia, los 18 individuos procesados fueron liberados. Esta decisión, según la Policía, podría dificultar la cooperación de otros países con Ecuador en futuras investigaciones conjuntas contra el crimen organizado debido a la disminución de la credibilidad.
Se calcula que los liberados movilizaban hasta 50 toneladas de cocaína anualmente y además se encargaban de abastecer de combustible a las “narcolanchas” en alta mar, según las investigaciones realizadas por las autoridades ecuatorianas y estadounidenses.
Se constató que los 18 individuos procesados no tenían vínculos con grupos delictivos locales que operan desde las prisiones, según confirmó la Policía al periódico digital Primicias. Dentro de este grupo, al menos 17 poseían licencias para navegar y 14 individuos contaban con licencias de patrón costanero, un documento que requiere un proceso de hasta 10 años para ser obtenido. Esta categoría exige ascender desde la posición de marinero de primera de puente o timonel, además de completar alrededor de ocho cursos en destrezas marítimas, que pueden durar menos de un año según la oferta de la Escuela de la Marina Mercante (ESMENA).
A pesar de estos rigurosos requisitos, el sistema de la DIRNEA revela que los implicados en este caso no cumplían con estos estándares, a pesar de que la banda delictiva contaba con autorizaciones de zarpe y licencias, según afirmaciones de fuentes policiales.
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